En la actualidad un tema toral en la relación entre México y Estados Unidos es la regularización  de  los  compatriotas  indocumentados  que  ya  están  en  territorio estadounidense,  que  es  lo  que  se  contempla  en  el  proyecto  de  reforma  del presidente Joseph Biden, aunque la posibilidad de concretarse de tal manera parece cada vez más lejana; y otro es lo que implique el otorgamiento de por lo menos entre 500 mil y 1 millón de visas anuales para la contratación de nuevos trabajadores temporales (H2A [para trabajadores temporales agrícolas], H2B [para trabajadores temporales no agrícolas], y la TN para profesionistas graduados en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá). Actualmente solamente se otorgan 60 mil visas H2B. Por otra parte, la visa H2A tiene dificultades dado su costo y una tramitación complicada; ambos aspectos no son del agrado ni de los trabajadores ni de los empresarios contratantes.

Se infiere que en el marco de las recientes visitas de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a México, encabezados por la vicepresidenta Kamala Harris, y miembros del gabinete del presidente Joe Biden, los principales temas abordados en las reuniones binacionales de trabajo fueron los que tienen que ver con el flujo migratorio, principalmente de quienes llegan por la frontera sur de México. 

Se supone que también fueron tratados los temas que tienen que ver con el tráfico de drogas y de armas; en los que ambos países sostienen argumentos de la mayor importancia, y que en el caso mexicano han generado, por parte del gobierno federal, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, una demanda multimillonaria en dólares contra los fabricantes y distribuidores de armas que con su fácil trasiego a nuestro país han generado la violencia más grande de la historia. 

De la parte estadounidense, el reclamo es contra el tráfico de drogas, la relativa pasividad gubernamental frente a los cárteles mexicanos y el incremento de las drogas químicas modernas, como el opioide fentanilo, que han establecido precedente en el número de fallecimientos en la población estadounidense. Las visitas y las reuniones de trabajo prácticamente han quedado en palabras y en textos, pero aún no se avizoran acciones concretas, salvo la aparente contradicción estadounidense que primero planteó y logró que México volviera a ser tercer país seguro, con el programa Quédate en México, que después, recientemente, el propio presidente Biden anunció la cancelación del mismo, asunto que está en proceso en la Suprema Corte de Justicia. Lo anterior evidencia un zigzagueo en las decisiones gubernamentales norteamericanas y la demostración de que no existe una política definida al respecto. Gran parte de la opinión pública, publicada y soterrada, afirma que hay un deterioro en la popularidad presidencial y hay un desprestigio en la personalidad de la vicepresidenta Kamala Harris, lo cual para el partido demócrata podría significar un debilitamiento de pronóstico reservado.

En materia migratoria, de parte del gobierno de Estados Unidos existe la presión y la exigencia al gobierno mexicano para que detenga el flujo migratorio en la frontera de México con Guatemala, para lo cual México, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, en medio de sendas críticas y cuestionamientos por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales, ha fungido penosa y lamentablemente como un fallido muro de contención del flujo migratorio, sin tener una política clara al respecto y al parecer sin siquiera saber qué hacer en cuanto a esta situación. Si acaso, la propuesta gubernamental mexicana que propone atender las causas que generan el flujo migratorio referido, ha equilibrado el debate entre los funcionarios de ambos países, ya que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador estriba en que tanto Estados Unidos como México definan una derrama financiera que genere empleos en las zonas donde se origina la migración, y de esa manera contribuyan a que la población se arraigue en sus países de origen, en la medida en que existan oportunidades de empleo. Afortunadamente, la reacción del gobierno del presidente Biden ha sido positiva en relación con la propuesta del presidente mexicano, pero aún no se han concretado las soñadas inversiones en la región, y además estas deben darse no solamente en Centroamérica, sino también en las regiones más vulnerables de México.

En Washington D.C. está en proceso de aprobación un presupuesto específico para atender estas necesidades; aunque condicionado a que México atienda estrategias que cuiden el medio ambiente y ayuden a contrarrestar el cambio climático, mediante la generación de energías limpias. Este es un tema muy importante y podrá ser muy delicado si el gobierno mexicano en la vía de los hechos sigue alentando el uso del carbón y del combustóleo para la generación de energía eléctrica, aunque en el discurso oficial se hable de energías limpias y de que se seguirá permitiendo la inversión privada en esta área. Actualmente está en marcha el Parlamento Abierto sobre esta materia, y habrá que esperar qué ocurre cuando concluyan las deliberaciones y a la luz de las presiones existentes desde uno y desde otro bando.

Recientemente la Secretaria General de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU, Alicia Bárcena, propuso un programa de inversiones en Centroamérica que oscila en los 45 mil millones de dólares para aplicarse en los próximos 5 años, mismo que tiene que ver, también, con que México focalice su atención preeminentemente hacia Centroamérica y facilite los flujos comerciales de productos primarios de estos países hermanos para lograr paliar la situación y aminorar el fenómeno migratorio que tanto afecta y lastima.4  Es de insistirse en que dichas inversiones incluyan a las zonas más pobres de México.

Además de estas medidas, es válido reiterar la necesidad de la firma de acuerdos migratorios entre Estados Unidos, México y los países centroamericanos, con el fin de que se permitan flujos migratorios temporales de trabajadores latinoamericanos, en adición a la anunciada reforma migratoria del presidente Joe Biden, que busca beneficiar a varios millones de seres humanos que hoy por hoy no cuentan con documentación que les permita residir legalmente en el vecino país del norte.

Lic. Heriberto Galindo Quiñones: ha sido Cónsul General de México en Chicago, Embajador en Cuba, además de diputado federal y senador en recientes legislaturas, así como coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional